Que é o que lle molesta á dereita, que unha persoa de esquerdas teña unha vida digna ou que queira que os demais tamén poidan tela?

 

 

 

 Imaxe xerada por IA 

Hai quen pretende desacreditar as persoas de esquerdas simplemente porque teñen unha casa en propiedade, un bo salario ou unha vida cómoda, acusándoas  de que non predican co exemplo, coma se defender a igualdade, a redistribución da riqueza e os dereitos sociais esixise vivir na precariedade.

É unha forma de demagoxia que confunde deliberadamente a igualdade coa pobreza.

Ser de esquerdas non significa renunciar ao benestar persoal. Significa defender que ese benestar non sexa un privilexio reservado a uns poucos, senón unha posibilidade real para toda a sociedade.

A contradición non está en ter unha casa e defender o dereito á vivenda. A contradición estaría en ter unha casa e defender políticas que impidan aos demais acceder a unha.

Do mesmo xeito, non hai contradición en ter un bo salario e defender salarios dignos, nin en vivir comodamente e reclamar uns servizos públicos de calidade.

Evidentemente,  podemos cuestionar a quen defende a igualdade mentres se aproveita de privilexios inxustos, explota outras persoas, especula coa vivenda ou utiliza o seu poder para manter desigualdades. Pero iso debe xulgarse polos seus actos, non polo simple feito de vivir ben.

O obxectivo da esquerda non é que quen vive ben viva peor, senón que quen vive mal poida vivir mellor.

Porque a coherencia non consiste en compartir a pobreza, senón en combater as causas que a producen. 

E quizais esa sexa a pregunta que deberiamos facer a quen utiliza este argumento: que é exactamente o que lle molesta, que unha persoa de esquerdas teña unha vida digna ou que queira que os demais tamén poidan tela?

¿Y el cambio climático? ¿No debería ser también una prioridad en estas elecciones?

 

Aunque estas elecciones son, sin duda, las elecciones de la vivienda, no deberían serlo menos del cambio climático.

La realidad supera ya a la ficción. De un extremo a otro del planeta asistimos a fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, incendios cada vez más difíciles de controlar y temperaturas que baten récords.

Catástrofes que empiezan a formar parte de nuestra cotidianidad.

Y no, no son normales.

O, mejor dicho, no deberíamos aceptar como normal lo que está ocurriendo. Porque, aunque los fenómenos extremos siempre han existido, el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de muchos de ellos.

No podemos acostumbrarnos a las imágenes de pueblos inundados, bosques arrasados o personas que pierden sus hogares y sus medios de vida.

El cambio climático no es una amenaza del futuro. Es una realidad del presente.

Y debería ocupar un lugar central en cualquier debate electoral. Porque no estamos hablando únicamente de proteger el medio ambiente, sino de proteger nuestras vidas, nuestra salud, nuestras viviendas y el futuro de las próximas generaciones.

Por eso, deberíamos exigir también a los candidatos y candidatas que nos expliquen cuáles son sus propuestas para mitigar el cambio climático y aumentar nuestra resiliencia frente a sus consecuencias.

Pero no basta con grandes declaraciones de intenciones. Necesitamos medidas concretas, compromisos verificables y presupuestos que permitan llevarlas a cabo.

¿Qué van a hacer para reducir las emisiones? ¿Cómo van a preparar nuestros pueblos y ciudades frente a las inundaciones, las olas de calor, las sequías y los incendios?

¿Qué recursos económicos, técnicos y humanos van a poner a disposición de los ayuntamientos para que puedan proteger a sus vecinos y vecinas?

¿Van a apoyar, con las partidas presupuestarias necesarias, la creación y el fortalecimiento de equipos profesionales de prevención, protección y respuesta ante emergencias climáticas?

¿Van a garantizar que todos nuestros municipios, también los más pequeños, cuenten con personal cualificado, medios materiales y servicios de emergencia adecuadamente coordinados para anticiparse a los riesgos y responder con eficacia cuando sea necesario?

Porque no podemos seguir trasladando responsabilidades a los ayuntamientos sin proporcionarles los recursos necesarios para asumirlas.

La protección de nuestros vecinos y vecinas no puede depender exclusivamente de la buena voluntad, del voluntariado o de la capacidad económica de cada municipio. Necesitamos servicios públicos profesionales, bien coordinados y adecuadamente financiados.

La lucha contra el cambio climático no puede quedarse en los discursos electorales. Tiene que traducirse en políticas públicas, planificación, financiación y cooperación entre administraciones.

Y adaptarnos al cambio climático no significa resignarnos a sus consecuencias, sino prepararnos para reducir sus riesgos mientras seguimos combatiendo sus causas.

Y, por cierto:

¿Os habéis preguntado hasta qué punto el cambio climático es realmente una prioridad para quienes nos gobiernan o aspiran a gobernarnos?

Y, sobre todo, ¿hasta qué punto lo es para nosotros y nosotras?

Porque si queremos que ocupe un lugar central en las decisiones políticas, tenemos que dejar claro que también ocupa un lugar central entre nuestras preocupaciones.

Tenemos que enviar un mensaje claro: para nosotras, la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestras comunidades sí son una prioridad.

¿O no lo son?

 

 

Propietarios contra inquilinos: el debate equivocado.

 

 

Ante el debate absurdo de enfrentarnos entre los de abajo -de discutir si es legítimo que una persona tenga una segunda vivienda, si la alquila, si la heredó o si obtiene con ella un ingreso- , quizá estamos perdiendo de vista lo esencial.

El problema no es tener más de una vivienda. Tampoco ponerla en alquiler.

El problema aparece cuando la vivienda deja de tratarse como un bien necesario para vivir y pasa a funcionar exclusivamente como una "inversión" de la que hay que sacar una determinada "rentabilidad".

Me refiero a ese razonamiento de “si me costó 200.000 euros y quiero obtener un 7 % anual, tengo que cobrar unos 1.167 euros al mes” que solo tiene sentido desde la lógica financiera. Ese 7 % no determina cuál es un alquiler razonable. Determina cuánto quiere ganar el propietario con su inversión, tratando la vivienda como si fuera un fondo de inversión.

Y ahí está la cuestión: ¿debe prevalecer la rentabilidad esperada del propietario o el derecho de otra persona a acceder a una vivienda sin empobrecerse ni malvivir para pagarla?

Tener una vivienda y cobrar un alquiler por ella no es el problema. El problema es que ese alquiler sea abusivo, que una familia tenga que destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo, que no pueda independizarse, ahorrar, tener hijos o simplemente vivir con dignidad.

Una vivienda no debería tratarse como un activo financiero que tiene que ofrecer una rentabilidad determinada. Debería ser, antes que nada, un lugar donde vivir.

Por eso, cuando el mercado lleva los alquileres hasta niveles que expulsan o empobrecen a las personas y a las familias poner límites a los precios es fundamental.

Porque el verdadero debate no es el de propietarios contra inquilinos.

Al final, se trata de decencia. De poder cobrar un alquiler sin convertir la necesidad de otra persona en una oportunidad para exprimirla. De entender que una vivienda puede proporcionar un ingreso y ser, al mismo tiempo, un hogar. 

Se trata de qué límites ponemos como sociedad para que el derecho de alguien a ingresar un alquiler no termine anulando el derecho de otro a tener un hogar.

 

 

Irene Montero: transformar lo injusto

 

 

Irene Montero es una mujer joven, formada, trabajadora y feminista. Psicóloga, con un máster y un expediente académico brillante. De las que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Madre de tres hijos y capaz de desarrollar  una gran parte de su trayectoria política bajo una presión personal y mediática enorme.

Como ministra impulsó cambios que han dejado huella.

La ley del solo sí es sí puso el consentimiento en el centro y obligó a nuestra sociedad a cuestionar comportamientos y agresiones que durante demasiado tiempo se habían normalizado en la vida cotidiana de millones de mujeres.

Impulsó también la Ley Trans y LGTBI, ampliando derechos y protecciones frente a la discriminación, y la reforma de la ley del aborto y de salud sexual y reproductiva, reforzando el acceso a estos derechos desde la sanidad pública.

Apostó además por algo tan básico y esencial como los cuidados. El Plan Corresponsables destinó cientos de millones de euros a facilitar la conciliación, crear servicios de cuidado y empezar a asumir que cuidar no puede seguir recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres.

Durante su etapa también se reforzaron recursos frente a las violencias machistas y sexuales, como los centros de atención integral 24 horas y la ampliación de servicios de apoyo.

Y quizá una de las cosas más importantes fue que el Ministerio de Igualdad dejó de ser un departamento periférico. Ganó peso, presupuesto y transversalidad. Igualdad pasó a atravesar debates sobre cuidados, empleo, salud, educación, derechos sexuales, violencia machista, diversidad y corresponsabilidad.

Fuera de las competencias estrictas de su ministerio, Irene Montero también ha estado presente en otros debates centrales para la clase trabajadora, como el acceso a la vivienda, defendiendo la regulación de los alquileres, el aumento del parque público y medidas específicas en las zonas tensionadas.

Y su trabajo no terminó al salir del Ministerio. En el Parlamento Europeo ha seguido dando batalla en algunos de los debates más duros de nuestro tiempo: la defensa de los derechos de las mujeres, la vivienda, los derechos de las personas migrantes y, de manera especialmente intensa, Gaza y Palestina. Ha denunciado la vulneración de derechos humanos, defendido el derecho internacional y rechazado políticas migratorias basadas en la expulsión y la detención. 

Se pueden discutir decisiones, errores y posiciones políticas. Como las de cualquier dirigente.

Pero Irene Montero ha demostrado ser una luchadora incansable. Inteligente, valiente, resistente y capaz de sostener posiciones difíciles bajo una presión política y personal enorme.

Para mí, es una de esas figuras imprescindibles en un gobierno de izquierdas y una mujer perfectamente capaz de aspirar a presidir este país.

No porque sea perfecta.

Sino porque ha demostrado que está dispuesta a dar la batalla hasta el final por transformar aquello que considera injusto.

Irene, mi candidata. 

Nuestro bienestar, su negocio

 

 

A los fondos de inversión no les basta con convertir la vivienda en un activo financiero. También quieren hacer negocio con nuestras pensiones.

 

¿Pero qué pasa, que ya no les llega con la sanidad pública privatizada y las residencias de mayores?

 

Vivienda, pensiones, salud, cuidados… Cada vez más ámbitos básicos de nuestra vida, de nuestro Estado del bienestar, convertidos en oportunidades de negocio.

 

Quizá no sea casualidad. En un mundo en el que la tecnología, el petróleo o los materiales están cada vez más expuestos a la volatilidad, el capital busca también valores más seguros: sectores con una demanda constante, porque podemos dejar de consumir muchas cosas, pero no podemos dejar de necesitar vivienda, cuidados, atención sanitaria o una pensión.

 

Y una no puede evitar preguntarse cuál será el siguiente bien esencial convertido en negocio. ¿El agua?

 

La pregunta es inevitable:

 

¿De verdad hay alguien de la clase trabajadora pensando en votar a las derechas?

Para quen medra a riqueza?

 

 

Penso nos últimos corenta anos e decátome de algo que quizais non quixemos ver.

A miña xeración, a de quen hai corenta anos estaba nos vinte, non fixo máis que mellorar durante boa parte da nosa vida. Moitos somos fillos e fillas de traballadores, de obreiros, de emigrantes, de mulleres que foron amas de casa e doutras que traballaron dentro e fóra do fogar. Viñamos de familias humildes que fixeron enormes sacrificios para que nós puidésemos chegar un pouco máis lonxe.

E chegamos.

Estudamos máis ca os nosos pais e nais. Melloramos economicamente. Melloramos socialmente. Melloramos culturalmente. Accedemos a cousas que para eles foran moito máis difíciles ou, directamente, imposibles.

Pero non o fixemos sós.

Tivemos detrás o esforzo das nosas familias, pero tamén unha educación pública que nos abriu portas, unha sanidade pública que nos protexeu, pensións que deron seguridade aos nosos maiores, empregos máis estables, unha vivenda moito máis accesible e un Estado que, con todas as súas carencias, foi construíndo dereitos e servizos que permitían que alguén nacido nunha familia traballadora puidese aspirar a vivir mellor ca os seus pais e nais.

Ese foi o impulso que recibimos.

E quizais a pregunta incómoda que debemos facernos agora é que fixemos nós con todo aquilo.

Porque mentres avanzabamos, mentres mellorabamos as nosas casas, os nosos coches, as nosas posibilidades de consumo e o noso nivel de vida, fomos aceptando un modelo que, pouco a pouco, facía máis difícil que as xeracións seguintes puidesen percorrer o mesmo camiño.

Os nosos fillos e fillas teñen, en moitos casos, máis estudos ca nós, pero acceder a unha vivenda resúltalles moitísimo máis difícil. Encadean traballos precarios, atrasan a súa emancipación, teñen dificultades para formar unha familia se queren facelo e viven coa sensación de que, por moito que se esforcen, quizais nunca acaden a estabilidade que nós chegamos a considerar normal.

E a iso súmase algo aínda maior: deixámoslles un planeta máis quente, máis degradado e cuns recursos sometidos a unha presión enorme.

Non creo que se trate de culpabilizar a cada persoa dunha xeración. Nós tamén vivimos dentro dunhas circunstancias e tomamos decisións condicionados por elas. Pero si creo que temos que asumir unha responsabilidade colectiva.

Porque recibimos dos nosos pais e nais unha sociedade que, con moitísimos problemas, nos permitía imaxinar que os nosos fillos e fillas vivirían mellor ca nós.

E hoxe xa non podemos aseguralo.

Quizais ese sexa un dos grandes fracasos da nosa xeración: ter aproveitado o ascensor social que outros construíron para nós sen preocuparnos o suficiente de que seguise funcionando para quen viña detrás.

Aínda estamos a tempo de preguntarnos que queremos deixarlles.

Porque os nosos fillos e fillas non necesitan que lles expliquemos todo o que traballamos para chegar ata aquí. Necesitan que consigamos que eles tamén poidan avanzar.

E quizais tamén teñamos que revisar que significa realmente vivir mellor.

Durante anos escoitei unha e outra vez a persoas que marchaban traballar ou vivir a outros países da nosa contorna, algúns con economías moito máis grandes ca a nosa, dicir algo moi parecido: que en España sabiamos vivir ben.

E probablemente aí había unha verdade importante.

Vivir ben non significa necesariamente ter máis, consumir máis ou facer medrar sen límite todas as cifras económicas. Tamén significa ter tempo, coidados, seguridade, unha vivenda digna, unha sanidade que responda, unha educación pública de calidade, pensións suficientes, barrios habitables, servizos públicos e a tranquilidade de saber que unha enfermidade, unha perda de emprego ou a vellez non te van deixar completamente só.

Pódese vivir mellor con menos consumo privado se temos máis seguridade colectiva.

Pódese precisar menos diñeiro para vivir dignamente se a vivenda é accesible, se a sanidade e a educación son públicas, se existen servizos de coidados, se as pensións permiten vivir con dignidade e se o transporte, a cultura e os servizos básicos non se converten en luxos.

Porque unha sociedade non debería medirse só polo que produce, senón tamén pola vida que permite vivir.

E aí aparece outra das grandes contradicións do noso tempo: o PIB pode medrar e, ao mesmo tempo, os nosos fillos e fillas poden vivir peor.

Pode aumentar a riqueza dun país mentres unha parte da poboación ten dificultades para pagar un alugueiro, emanciparse, criar, descansar ou simplemente imaxinar un futuro estable.

Por iso non chega con dicir que a economía medra. A pregunta debería ser outra: para quen medra e en que se traduce ese crecemento na vida diaria da xente?

Se queremos que as seguintes xeracións poidan vivir ben, talvez non necesiten reproducir exactamente o noso nivel de consumo. Pero si necesitan algo que nós tivemos durante boa parte das nosas vidas: seguridade.

Seguridade de que, se enferman, serán atendidos.
De que poderán estudar.
De que poderán ter unha casa.
De que os seus fillos e fillas serán coidados.
De que os seus maiores terán unha pensión.
De que non dependerán exclusivamente do patrimonio da familia na que naceron.

E iso require un Estado forte e uns servizos públicos fortes.

Renunciar aos servizos públicos, substituír progresivamente a solidariedade das pensións pola capitalización individual, facer do individualismo a resposta a problemas que son colectivos ou colocar sistematicamente os intereses do capital por diante das necesidades das persoas significa avanzar cara a unha sociedade máis desigual e máis insegura.

Quizais o futuro non consista en ter cada vez máis.

Quizais consista en necesitar menos porque compartimos máis.

Máis servizos públicos.
Máis vivenda pública.
Máis coidados.
Máis seguridade.
Máis comunidade.

E menos medo a caer.

Porque, ao final, o verdadeiro progreso non consiste en que o PIB siga medrando.

Consiste en que as persoas poidan vivir ben.

E hoxe temos que preguntarnos por que, mentres a riqueza segue medrando, tantos dos nosos fillos e fillas senten que a súa vida vai na dirección contraria.

Voto por correo, libertad y presión social

 

 

 

Ayer Isabel Díaz Ayuso pidió directamente a la ciudadanía que “ni se le ocurra votar por correo”. Santiago Abascal lanzó un mensaje muy parecido: mejor acudir personalmente a las urnas. Ambos relacionaron claramente el voto por correo con la sospecha de un posible “pucherazo”, pese a que el sistema español de voto postal cuenta con numerosas garantías para preservar la identidad del elector, la unicidad del voto y el secreto del sufragio.

Pero el voto por correo tiene, además, otra característica de la que se habla bastante menos: reduce la exposición del elector a las dinámicas de movilización y, en determinados contextos, de presión partidista durante la propia jornada electoral.

Y por eso creo que merece la pena hacerse una pregunta:

¿A qué se debe tanto interés en que no votemos por correo?

Votar directamente en la mesa electoral tiene una característica de la que se habla muy poco.

A lo largo de la jornada electoral, las personas que actúan como interventoras y apoderadas de los distintos partidos políticos pueden llevar un seguimiento de las personas que van ejerciendo su derecho al voto.

Quienes hemos estado alguna vez en una mesa electoral, ya sea como representantes políticos o como miembros de la propia mesa, hemos podido observar cómo algunos partidos llevan un control muy detallado de quién ha acudido ya a votar y quién todavía no lo ha hecho. En mi experiencia personal, esta práctica ha sido especialmente visible en el Partido Popular, aunque no sea necesariamente exclusiva de este partido.

Y también hemos visto qué ocurre cuando se acerca el final de la jornada electoral.

Cuando falta una o dos horas para que cierren las urnas, pueden empezar las llamadas telefónicas dirigidas a personas que todavía no han acudido a votar, recordándoles que deben hacerlo.

Sobre el papel, esto puede presentarse simplemente como una estrategia de movilización electoral. Pero en determinados contextos, especialmente en municipios pequeños donde todo el mundo se conoce, esa llamada puede adquirir un carácter muy diferente.

No es lo mismo recibir un mensaje genérico diciendo «recuerda votar» que recibir una llamada de alguien que te conoce, que sabe que todavía no has pasado por tu mesa electoral y que, además, puede tener una expectativa bastante concreta sobre cuál debería ser tu voto.

Ahí es donde conviene preguntarnos hasta qué punto estamos hablando únicamente de movilización electoral y a partir de qué momento empezamos a entrar en el terreno de la presión social sobre el elector.

Y esto no es ninguna teoría conspirativa.

El propio Miguel Arias Cañete explicó públicamente en 2014 la estrategia del PP. Hablando de lugares donde «nos conocemos casi todos», explicó que un interventor podía disponer de la lista, saber quién todavía no había acudido a votar, conocer sus preferencias y ponerse en contacto con esas personas para movilizarlas antes del cierre de las urnas.

El voto es secreto. Eso es indiscutible.

Pero una cosa es saber racionalmente que nadie debería conocer qué papeleta introduces finalmente en el sobre y otra muy distinta es cómo se siente una persona después de recibir una llamada que le demuestra hasta qué punto alguien está controlando si ha acudido o no a votar.

Especialmente en entornos pequeños, esa persona puede llegar a sentir que también debe demostrar cuál es su opción política.

Y puede ocurrir que, después de haber recibido esa llamada, llegue al colegio electoral y coja una determinada papeleta claramente a la vista de quienes están allí, precisamente para transmitir que está cumpliendo con lo que se esperaba de ella.

Ese gesto no es menor.

Si una persona siente que necesita escenificar públicamente su voto para dejar tranquilo a alguien que previamente la ha llamado, ya estamos entrando en un terreno preocupante desde el punto de vista de la libertad electoral.

Porque una cosa es que el voto sea secreto jurídicamente y otra que el entorno social haga sentir al elector que debe dar explicaciones, aparentar una determinada opción o demostrar que ha cumplido con lo que se esperaba de él.

¿Y qué ocurre cuando esa persona vota por correo?

Puede hacerlo días antes, fuera de toda esa dinámica de la jornada electoral.

No tiene que presentarse ante los interventores de su localidad. No puede recibir a última hora una llamada para que acuda a su mesa porque todavía no ha aparecido. Y tampoco necesita escenificar ante nadie qué papeleta está cogiendo.

Desde ese punto de vista, el voto por correo no sólo es una modalidad legal y garantista de ejercer el derecho al sufragio.

También puede ofrecer a determinadas personas una mayor autonomía frente a las presiones sociales de su entorno.

Por eso, cuando Ayuso y Abascal piden directamente que no se vote por correo y alimentan sospechas de un posible “pucherazo”, quizá convenga analizar algo más que la seguridad técnica del sistema.

Conviene preguntarse también:

 

¿Qué formas de control social y de movilización política desaparecen cuando una persona decide votar tranquilamente por correo?

Y otra pregunta todavía más incómoda:

 

¿A quién beneficia que desconfiemos del voto por correo y volvamos todos a votar presencialmente?

 Porque cuando una determinada forma de votar reduce la capacidad de saber quién ha acudido, quién falta y a quién se puede llamar a última hora, parece razonable preguntarse por qué algunos dirigentes insisten tanto en desacreditarla.

 

Yo, como gallega, lo tengo muy claro. 

Y hasta aquí. Cada cual saque sus propias conclusiones.

Ana Rosa, a inquiocupación e 44 apartamentos

 

                                                                                              “Imaxe ilustrativa xerada con IA” 

 

Durante anos, El programa de Ana Rosa dedicou unha atención recorrente e continuada á ocupación de vivendas. Houbo reportaxes sobre mafias, conexións con propietarios afectados, consellos para evitar ocupacións e intervencións moi críticas coa resposta institucional. En 2020, o propio programa chegou a falar do “ano da okupación” e afirmou que continuaría coa súa “batalla contra a okupación”.

Porén, resulta interesante observar que, mentres ese risco ocupaba tanto espazo no relato televisivo, Ana Rosa Quintana desenvolvía ao mesmo tempo unha importante actividade empresarial vinculada á vivenda. Segundo unha investigación publicada en 2023, sociedades vinculadas á xornalista xestionaban 44 apartamentos turísticos en Madrid e Sevilla, mentres unha das súas empresas adquirira tres inmobles en Madrid entre 2015 e 2018 por un valor total duns 20 millóns de euros.

A pregunta, polo tanto, é inevitable: se a ocupación representaba un risco tan elevado e tan determinante para quen posúe unha vivenda como podía desprenderse da cobertura do seu propio programa, como se explica que unha persoa como ela, con capital, información e asesoramento profesional, investise cantidades tan importantes —decenas de millóns de euros— precisamente no mercado inmobiliario?

Neste punto, parece razoable preguntarse se unha exposición continuada a casos extremos de ocupación, conflitos e propietarios incapaces de recuperar as súas vivendas pode contribuír a aumentar a percepción de risco de quen só ten unha segunda casa.

E esa percepción pode ter consecuencias: que alguén prefira deixala baleira, vendela ou destinala ao alugueiro turístico antes que incorporala ao mercado residencial.

Aí aparece unha paradoxa: un discurso capaz de aumentar o medo do pequeno propietario pode contribuír a retirar vivendas do mercado residencial, mentres ese mesmo risco non parece impedir que persoas con grande capacidade económica continúen investindo grandes cantidades no sector inmobiliario.

Foi esa unha estratexia deliberada para reducir a competencia ou sacar pisos da circulación? Non hai probas para afirmalo, e sería irresponsable presentalo como un feito.

Pero é inevitable facerse a pregunta:

Que efectos ten sobre o mercado que persoas con enorme influencia mediática contribúan a amplificar o medo a poñer unha vivenda en alugueiro mentres os seus propios negocios continúan apostando fortemente polo sector inmobiliario?

Cando o medo retira vivendas do mercado residencial, alguén perde: quen busca unha casa para vivir.

Pero tamén pode haber quen se beneficie indirectamente: quen xa ten unha posición importante nun mercado no que hai menos oferta e menos competencia

Cadaquén saque as súas propias conclusións.

 

 Fontes:

Telecinco: https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/sucesos/okupacion-caso-mainat-sucesos-marcado-dosmilveinte_18_3067845085.html 

Diario Público: https://www.publico.es/sociedad/ana-rosa-quintana-gestiona-44-apartamentos-turisticos-madrid-sevilla-traves-siete-empresas.amp.html 

Unha casa pode ser máis que unha renda.

 

 

Alugar unha segunda vivenda, moitas veces herdada, a novas familias que queren formar parte dun concello e facelo mesmo un pouco por debaixo do prezo de mercado - que todas sabemos como está -  pode ser unha das mellores decisións que pode tomar quen ten unha segunda vivenda libre durante todo o ano. 

Esa decisión pode facer que haxa máis persoas empadroadas na vila. Máis veciñ@s que vivan tranquilas e que poidan pensar nun futuro aquí. 

Gaña o propietario. Gaña a familia, que atopa onde comezar unha nova vida. E gaña o concello, que non perde poboación, senón que a suma. 

E por esa vivenda poden ir pasando distintas familias ao longo dos anos. Se nalgún momento quen vive nela decide mercar a súa propia casa, marchar a unha vivenda máis grande ou mellor situada, esa mesma casa pode volver converterse no punto de partida doutra familia. 

Por iso creo que, sempre que sexa posible, paga a pena apostar polo alugueiro residencial. Unha casa pode significar que unha familia quede, que os seus nenos e nenas se escolaricen na vila e que haxa máis vida durante todo o ano. 

Ademais, un alugueiro a un prezo razoable tamén favorece a estabilidade: o normal é que unha familia queira cumprir cos pagos e evitar problemas que poidan poñer en risco a súa vivenda, especialmente nun momento no que atopar outra opción asumible non é nada doado. 

Pero sei que non sempre é posible. 

Ás veces necesitamos esa segunda vivenda para nós ou para os nosos fillos e fillas que tiveron que marchar fóra para estudar, traballar ou construír a súa vida. Sabemos ben o que significa que alguén teña que marchar da súa terra e tamén o importante que é atopar un lugar onde empezar cando se chega a outra. Moitas desas persoas regresan polo Nadal, no verán ou nalgunhas fins de semana, e queremos poder ter esa casa á súa disposición. Neses casos, o alugueiro turístico pode ser unha opción razoable que permita manter a vivenda dispoñible para a familia e axude a conservar a propiedade.

Porque non toda vivenda turística é especulación. Tamén hai casas familiares, herdadas ou conservadas durante xeracións, que se alugan simplemente cando a familia non as utiliza. 

Pero, se unha vivenda pode estar dispoñible durante todo o ano, creo que merece a pena preguntarse se pode converterse no fogar de alguén. 

É certo que o turismo tamén forma parte das nosas vilas, pero son as persoas que viven nelas todo o ano as que manteñen abertas as escolas, os comercios, os servizos e a vida cotiá. 

Sempre que sexa posible, primeiro fogares. 

Así tamén se fai pobo.

 

¿Sabemos realmente qué hace nuestro dinero?

 

Esta es la lógica: yo no compro viviendas para especular; pongo mis ahorros en un fondo y dejo que invierta donde quiera. Así puedo sentir que no tengo nada que ver con lo que ocurra después.

Pero nuestro dinero no desaparece. Se junta con el de miles o millones de personas y acaba convertido en una enorme masa de capital que compra empresas, suelo, viviendas o deuda y que tiene un objetivo muy claro: obtener rentabilidad.

Nosotros vemos nuestros ahorros. El fondo ve activos, oportunidades y rendimientos. Y cuanto mayor es la distancia entre ambas cosas, más fácil resulta sentirnos completamente ajenos a las consecuencias de aquello que estamos financiando.

No se trata de culpabilizar a quien ahorra. Se trata de hacernos una pregunta incómoda: ¿debemos delegar completamente la responsabilidad sobre lo que hace nuestro dinero?

 

 

Un millón de vivendas… pero con que recursos?

 

 Recuperar o rural tamén é política de vivenda

 

A noticia sobre a caída da produción de cobre en Chile chamoume a atención por unha razón moi concreta: fala dun problema que adoita quedar fóra do debate sobre a vivenda.

Chile é un dos grandes produtores mundiais de cobre e este ano está sufrindo unha caída significativa da actividade mineira. Entre as causas que se sinalan están o envellecemento dos xacementos e a menor calidade do mineral, o que obriga a mover e procesar máis rocha para obter a mesma cantidade de cobre.

 E o cobre non é un material calquera.

Necesitámolo para as redes eléctricas, as enerxías renovables, os vehículos eléctricos, a industria, os centros de datos… e tamén para construír e equipar as nosas vivendas.

Unha casa necesita ademais cemento, formigón, aceiro, aluminio, vidro, cerámica, madeira, áridos, illamentos, enerxía e transporte.

 

 

 

Por iso, cando falamos de construír masivamente vivenda, quizais deberiamos facernos unha pregunta que poucas veces aparece no debate:

¿con que recursos?

O Partido Popular mantén actualmente como obxectivo aumentar a oferta ata arredor dun millón de vivendas, mediante iniciativa pública e privada.

Pero se pensamos nun millón de vivendas en catro anos, estamos falando dunha orde de magnitude de 250.000 vivendas novas cada ano.

 

 

Iso non significa simplemente habilitar solo e conceder licenzas.

Significa aumentar fortemente e ao mesmo tempo a demanda de: cemento, aceiro, cobre, aluminio, vidro, madeira, áridos, maquinaria, transporte, enerxía e traballadores.

E todo isto nun momento no que Europa pretende simultaneamente rehabilitar millóns de edificios, reforzar as redes eléctricas, instalar renovables, electrificar o transporte e adaptar as infraestruturas ao cambio climático.

Quen e como se asume o prezo das novas vivendas?

España contaba no Censo de 2021 con 26,6 millóns de vivendas, das que arredor de 3,84 millóns figuraban como baleiras. E hai un dato especialmente interesante: os municipios de menos de 10.000 habitantes concentraban o 45 % de todas as vivendas baleiras, aínda que neles vivía só o 20,3 % da poboación 

 Recuperar o rural tamén é política de vivenda

 

 Recuperar vivendas e núcleos rurais, rehabilitar edificios abandonados e devolver actividade económica e servizos ás pequenas vilas podería formar parte da solución.

Non se trata de levar a poboación ao rural por decreto nin de estender urbanizacións dispersas polo territorio. Trátase de preguntarnos se é razoable abandonar casas, aldeas e infraestruturas que xa construímos mentres necesitamos extraer máis cemento, aceiro, cobre, aluminio e area para levantar outras novas.

Pero para que iso sexa unha alternativa real fan falta tamén emprego, transporte, conectividade, sanidade, educación e servizos públicos. 

Un millón de vivendas non son só un millón de portas, ventás e chaves.

Son tamén millóns de toneladas de materiais, enerxía, transporte, solo e emisións.

Nun planeta con límites materiais e cunha crise climática xa en marcha, resolver o problema da vivenda seguirá sendo imprescindible.

Pero tal vez teñamos que aprender a facelo construíndo onde sexa necesario, rehabilitando o que xa temos e recuperando territorios e núcleos que fomos deixando atrás.

 

Reutilizar edificios e territorio pode chegar a ser tan importante como construír. 

Prohibir as pantallas en Primaria? A escola necesita criterio, non consignas

 Como mestra de Primaria, preocúpame a proposta de Alberto Núñez Feijóo de eliminar o uso individual de pantallas e dispositivos dixitais na Educación Primaria. Preocúpame, sobre todo, que un debate educativo complexo se reduza a unha resposta tan simple como prohibilas.

 
Estou de acordo en que debemos evitar a sobreexposición, en que un ordenador non pode substituír un libro, un caderno, a escritura a man, unha conversa na aula ou a explicación dunha mestra.
Pero unha pantalla é unha ferramenta. O importante é para que se utiliza.

 
Non é o mesmo pasar unha hora vendo vídeos ou realizando mecanicamente actividades dixitais que ler un texto en papel, abrir despois o ordenador durante vinte minutos para responder a un cuestionario que obrigue a inferir, comparar información, interpretar un gráfico ou xustificar unha decisión, e rematar escribindo unha conclusión no caderno.

 
Iso tamén é ensinar.

  Imaxen xerada por IA

 
E, ademais, existe unha contradición difícil de explicar.
En Galicia, as probas de avaliación diagnóstica de 4.º de Primaria realízanse, con carácter xeral, en formato dixital e en liña e teñen un marcado carácter competencial.

 
É dicir, podemos chegar a dicirlle a un neno ou a unha nena que non debe utilizar individualmente un ordenador en Primaria e despois sentalo diante dun para avaliar a súa competencia matemática, lingüística ou científica?

 
Non debería aprender antes a manexar con naturalidade a ferramenta coa que despois vai ser avaliado?
A propia Xunta mantén ademais E-Dixgal en 5.º e 6.º de Primaria e está orientando o programa cara a un modelo híbrido que combina recursos dixitais e analóxicos. Ese camiño paréceme moito máis sensato.

 
Como docente, non quero unha escola na que o alumnado pase toda a mañá mirando unha pantalla.
Pero tampouco quero unha escola que confunda protexer a infancia con afastala dunha tecnoloxía que forma parte do seu presente e do seu futuro.

 
Quero que os meus alumnos e alumnas lean libros, escriban moito a man, calculen, debuxen, experimenten, falen entre eles, traballen en equipo e saian á contorna.

 
E tamén quero que aprendan a utilizar un ordenador para buscar información, distinguir unha fonte fiable doutra que non o é, interpretar datos, enfrontarse a un texto dixital, detectar unha manipulación, crear contidos e resolver problemas.

 
Porque a competencia dixital non se adquire prohibindo a tecnoloxía.

 
Adquírese ensinando a utilizala ben.

 
Quizais a pregunta non debería ser «pantallas si ou pantallas non?».
A pregunta debería ser:
para que, canto, cando e como utilizamos as pantallas na escola?

 
Aí é onde necesitamos pedagoxía, criterio docente e evidencia. Non prohibicións xerais.

 
E, por favor, escoiten máis ás docentes. Ás que traballamos cada día a pé de aula cos rapaces e rapazas deste país, ás que vemos o que funciona, o que non funciona e o que necesita cada grupo.
 

Porque as decisións educativas non deberían tomarse de costas ás aulas.

¿Y si enseñar más contenidos no significase aprender más?

Los últimos resultados de PISA deberían obligarnos a reflexionar seriamente sobre nuestro sistema educativo. España ha perdido puntuación en los últimos años mientras nuestro alumnado trabaja con un currículo amplio, exigente y, en muchos aspectos, muy complejo.

Y conviene decirlo claramente: nuestro alumnado trabaja. Estudia, hace deberes, prepara exámenes y encadena temas. Y muchas veces vive con la sensación de no llegar a todo. Quizá deberíamos preguntarnos si un sistema que obliga a avanzar continuamente y acumular contenidos está dejando suficiente tiempo para comprenderlos, relacionarlos y utilizarlos.

En Matemáticas, a los 15 años, estudian álgebra, ecuaciones, sistemas, funciones, geometría, trigonometría, estadística o probabilidad. Sin embargo, muchas preguntas de PISA que resultan difíciles no requieren matemáticas especialmente avanzadas. Exigen, sobre todo, comprender, interpretar y razonar.

 

 Imagen generada con inteligencia artificial. 

Por ejemplo, veamos el planteamiento de un ejercicio en el aula y en una prueba tipo PISA.

En clase: «Calcula el 35 % de 12.000».

En una prueba tipo PISA: «Un municipio tiene un 35 % de jóvenes y otro un 28 %. ¿Podemos afirmar que el primero tiene más jóvenes? Justifica tu respuesta».

En el primer caso hay que saber calcular un porcentaje.
En el segundo hay que comprender qué significa un porcentaje y darse cuenta de que falta información.

Nuestros jóvenes pueden haber resuelto decenas de ejercicios de porcentajes y, sin embargo, tener dificultades ante el segundo problema. No porque no sepan calcular un porcentaje, sino porque se les está pidiendo algo diferente: comprender qué significa y razonar con esa información.

La diferencia es importante.

No siempre falta conocimiento. A veces falta tiempo -dentro del aula- para usar el conocimiento con profundidad.

 

 

Imagen generada con inteligencia artificial.  

En las áreas de Lengua ocurre algo parecido. El alumnado trabaja morfología, sintaxis, ortografía, léxico, literatura, autores y géneros. Pero después tiene que enfrentarse a textos en los que se le pide distinguir hechos de opiniones, comparar fuentes, detectar contradicciones, interpretar la intención de quien escribe o justificar qué argumento está mejor fundamentado.

Y ahí surge una pregunta incómoda:

¿Estamos enseñando demasiado contenido y dejando demasiado poco tiempo para pensar con él?

Porque saber calcular un porcentaje no garantiza comprender qué significa.
Saber analizar una oración no garantiza comprender críticamente un texto.

Quizá nuestro alumnado no necesita que les pidamos todavía más.

Quizá necesita más tiempo para comprender, leer, discutir, equivocarse, volver a intentarlo, argumentar, interpretar y conectar lo aprendido con situaciones reales.

Reducir o priorizar contenidos no significa bajar el nivel.

Puede significar todo lo contrario: menos presión por terminar el programa, menos sensación de ir siempre por detrás y más tiempo para aprender de verdad.

Y eso también debería formar parte del debate sobre la educación pública.

 

Comparativa curriculum de Japón (ocupa uno de los primeros puestos en el ranking PISA en Matemáticas) y Galicia de 4º de la ESO.

 

Japón: menos objetos matemáticos simultáneos → más tiempo sobre cada uno.

Galicia/España: muchos más objetos y, además, se pide modelizar, razonar, investigar, utilizar tecnología, argumentar, programar y aplicar esos contenidos a problemas reales.

 (Datos obtenidos a través de la IA)

• Fuentes y enlaces:

PISA – Ítems liberados, Ministerio de Educación. 

Resultados PISA 

Decreto 156/2022 — currículo de ESO en Galicia. 

 

RESILENCIA ALIMENTARIA: ¿Redes Alimentarias Municipais?

 

 Cada vez se fala máis de cambio climático (porque xa é evidente), pero bastante pouco de como afrontar unha das súas consecuencias máis directas: o prezo e a dispoñibilidade dos alimentos.

 

Secas, perda de produción, enerxía máis cara e cadeas de subministración máis fráxiles poden facer que alimentarnos sexa cada vez máis caro e máis inseguro.

 

Por que non explorar e poñer en marcha Redes Alimentarias Municipais que conecten produtores e cooperativas galegas coas prazas de abastos e co pequeno comercio, reduzan intermediarios e faciliten produtos de proximidade a prezos máis competitivos?

 

Estas redes tamén poden fortalecer aos produtores, facilitándolles canles de venda máis directas, unha demanda máis estable e unha maior parte do valor final dos alimentos que producen.

 

Ollo! Non se trata de que os concellos abran supermercados, senón de utilizar a capacidade pública para fortalecer produtores e comercio local e facer as nosas vilas menos dependentes de cadeas longas de abastecemento.

 

É tamén unha maneira de avanzar, pouco a pouco, cara a unha maior soberanía alimentaria das nosas comarcas: conservar e reforzar a capacidade para producir, distribuír e acceder a unha parte crecente dos alimentos que necesitamos desde o propio territorio ou desde contornas próximas.

 

A resiliencia tamén se constrúe así: garantindo que, pase o que pase fóra, teñamos máis capacidade para alimentarnos con seguridade e con menos dependencia exterior. 

 

 

 

 

 As institucións europeas xa contemplan un novo incremento da inflación alimentaria nos próximos meses. O BCE prevé que poida alcanzar arredor do 3,7 % a mediados de 2027, principalmente polo traslado aos alimentos do maior custo da enerxía e dos fertilizantes.

 

 

Fontes consultadas:

La sequía elevará el precio de la comida: la cesta de la compra es ya un 40% más cara que en 2021

Agricultura y desarrollo rural. Comisión europea. 

Proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para la zona euro, junio de 2026